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El desorden de la corrupción

Es poco probable que esta sucesión de escándalos políticos que cada día van poniendo más de manifiesto el arraigo de  la corrupción, las corruptelas y los abusos de poder no sólo en las Instituciones públicas, sino incluso en el seno de los propios partidos democráticos desemboque en una catarsis purificadora del sistema. Al menos, a corto plazo. Lo cual no quiere decir que la corrupción sea algo inherente al ejercicio de la política, ni mucho menos, que los españoles estemos genética o culturalmente predispuestos a incurrir en prácticas corruptas.

Sin embargo nos hallamos ante una realidad difícil de cuestionar. Hace tiempo que quedó atrás aquella sensación de que con sólidos razonamientos e “inequívocas” verdades era posible hacer un escenario más acorde  a los papeles que creíamos tener encomendados. Estábamos confundidos: en lo uno y en lo otro.

La realidad, a veces, se torna devastadora y no es extraño que, aunque la política no sea sinónimo de corrupción,  con la que está cayendo, a mucha gente se lo parezca y, por lo tanto, interpreten que cuanto aflora no deja de ser la punta del iceberg de lo que hay debajo.

Ante esta situación quien más quien menos se pregunta qué se puede hacer para afrontar una lacra que amenaza con separar de manera irreparable al tejido social de la clase política en la que cada cuatro años acostumbra a depositar su confianza. Y la respuesta no debe ser fácil porque si lo fuera, seguro que a estas alturas alguien habría dado con ella. Parece claro, no obstante, que las soluciones posibles hay que buscarlas por dos caminos distintos: uno de los cuales pasa por diagnosticar el origen de sus causas y el otro por revisar los sistemas de control de que dispone el propio sistema democrático y que, a la vista está, que resultan manifiestamente ineficaces o, al menos, insuficientes.

Cuantos especialistas o meros observadores intentan indagar en la cuestión, enseguida se topan con una Ley de financiación de los Partidos Políticos que se mostró inservible desde el día de su aprobación en Las Cortes. Con las limitaciones de un Tribunal de Cuentas que viene ofreciendo resultados a cuatro o cinco años vista de cuando se han producido las presuntas irregularidades. Con las extraordinarias restricciones de acceso a la información que tienen que padecer los Partidos cuando están en la Oposición, especialmente en los Ayuntamientos. En el supuesto, claro está, de que esos mismos grupos en la  Oposición no hayan sido oportuna y convenientemente “apesebrados”, en cuyo caso, los grupos gobernantes gozan de una impunidad fuera de todo riesgo. En estas ocasiones, el engaño a la opinión pública o al tejido social es total. No sólo traiciona a los electores el que se sirve del poder para su propio beneficio, sino el que hace dejación también en su propio interés de las responsabilidades de control que le han sido encomendadas.

No falta quien menciona la falta de regulación de los procesos  de toma de decisión, lo cual  proporciona un mayor riesgo de  incurrir en la  arbitrariedad a quienes tienen en su poder el mando o la capacidad para adoptar dichas decisiones. Normalmente los electos.

Pero hay más aspectos a tomar en consideración. Aspectos que están en la pura base

de nuestro sistema y que, como tal, no pueden ser abordados y, en su caso, corregidos, más que desde una posición de consenso. Desde mi punto de vista existe una indeseable y  a veces indecorosa mezcla entre la actividad política y la actividad institucional. O dicho de otra forma una yuxtaposición de intereses por no decir ensamblaje entre lo que son los objetivos de los Partidos políticos y los de las instituciones gobernadas por los mismos, que derivan en un objetivo único: ganar las elecciones. Lo cual conduce a supeditar de forma distorsionada los fines institucionales de los Organismos Públicos con las aspiraciones, en este caso políticas, de los Partidos en el poder. Esos objetivos se reducen básicamente a volver a ganar las elecciones.

Por este lado es por donde yo considero que más le duele. Pero es, como digo, muy poco probable que los Partidos políticos, en primer lugar, acepten el diagnóstico y acto seguido, se decidan a aplicar al padecimiento terapias que vayan más allá de las cataplasmas o los meros analgésicos. Cual si se tratara de una mera experiencia somática.

Finalmente y, por supuesto,  también comparece en la causa el componente humano: la hebra personal y la consistencia ética de cuantos ocupan cargos de poder. Pero también la mirada de todos los demás, nuestra mirada, la actitud de los ciudadanos cada día más convertidos en meros y escépticos espectadores cuando no en morbosos consumidores de la carnaza que a diario suministran los medios de comunicación.

Sabemos que no es extraño encontrar personas que asocian lo público con lo que a nadie pertenece y, por lo tanto, no se sienten afectados y mucho menos perjudicados, cuando alguien “pilla cacho”. De la misma manera que tampoco se esconden los que frívolamente se expresan en el sentido de que “hacen bien” o, incluso, “yo haría lo mismo”. Nada mejor que esas actitudes para crear el caldo de cultivo donde con tanta desenvoltura se mueven cuantos se acercan a la política confundiendo el poder, grande o pequeño, con la patente de corso.

Creo, pues, que debemos huir de los tópicos más o menos generalizados y antes de incurrir en el manoseado “todos son iguales”, comenzar a buscar las vías de agua en nuestros propios comportamientos como miembros de una sociedad avanzada, pero a menudo ajenos o desentendidos de lo que es el interés público, el  manto que da cobijo  a todos nuestros derechos como ciudadanos libres.

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