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Denuncia sin “causa”

Justicia
Recientemente he leído en la prensa que “la Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado el archivo de una denuncia penal presentada por el PP de Zuera contra el concejal del Par de Zuera, Francisco Nasarre.” Quiero entender que cuando el periodista que cubre la información se refiere al PP de Zuera, en realidad se refiere al Grupo gobernante del PP en el Ayuntamiento y más en particular, y para los iniciados, a sus dos alcaldes. Según reza la información, la denuncia se archivó por falta de “causa” y el posterior recurso contra dicho archivo, no ha sido tomado en consideración por la Audiencia.
El hecho de que los juzgados hayan interpretado que no existía causa, es decir, motivo o justificación objetiva para la denuncia, nos debería llevar a plantearnos cuáles son las verdaderas razones y motivaciones que llevan a nuestros gobernantes a recurrir a la justicia en determinadas situaciones. Y si lo que verdaderamente se pretende con dichos pasos es hacer frente a manifiestas irregularidades, faltas o delitos cometidos contra la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento o si, por el contrario, se trata de la utilización de un recurso para ellos “barato” –puesto que pagamos todos- para hacer frente a conflictos de naturaleza política o incluso, de carácter personal. O sea, el clásico “te vas a enterar”, al que todo parece apuntar.
Utilizar los recursos públicos para solventar este tipo de contiendas político-personales dentro de las instituciones, constituye un claro ejemplo de abuso de poder o, quién sabe si también, de malversación de fondos. Y habida cuenta de que llueve sobre mojado, es ésta una cuestión que debería ser objeto de preocupación, no solo para la Oposición, hoy en manos del Partido Socialista, sino para todos los ciudadanos contribuyentes.
Son éstas, situaciones que abría que colocar, cuanto menos, al mismo nivel que otro tipo de desórdenes, derivados todos ellos de la consabida mezcla de prepotencia y falta de competencia. Tales como la ausencia de transparencia, interna y externa, en todo tipo de decisiones: procedimientos de adjudicación, prórroga de convenios por procedimientos heterodoxos, arbitrarios sistemas de contratación, incluido, y muy especialmente, el de personal, etc..Podríamos continuar con la falta de presupuestos, algo verdaderamente inaudito en cualquier institución cuyos responsables alcancen los elementales niveles de dignidad y valor y, por supuesto, con la falta de proyecto, prueba evidente de que el devenir del municipio y sus habitantes no es asunto prioritario para ellos.
Lo que pone meridianamente de manifiesto esta manera de actuar es una concepción patrimonial del poder, en la cual las instituciones son utilizadas no como instrumentos de transformación y progreso al servicio del interés general, sino como meras herramientas de ocupación donde la permanencia en los cargos públicos aparece como el verdadero, cuando no exclusivo, leitmotiv de la acción política.
Dentro de un par de meses, con ocasión de las elecciones al Parlamento europeo, se abrirá un proceso electoral que, con toda seguridad, no se cerrará hasta las convocatorias electorales del 2015, donde se incluyen las municipales y autonómicas. Sería un error por nuestra parte, en un momento como éste, en el que la desafección política ha pasado a representar uno de los principales problemas que padece la sociedad española, no poner en marcha una sistemática operación de concienciación y denuncia que, además de poner en evidencia los comportamientos anómalos en la gestión de los asuntos públicos, ponga de manifiesto que existen otras concepciones de lo que debe ser la función de las instituciones democráticas y, por supuesto, la capacidad para llevarlas a cabo.

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